OJO PRIVADO

Nacido en Cucunubá, Cundinamarca, el 15 de febrero de 1929, Pedro Édgar Gómez Barrero se valió de información privilegiada como funcionario de la Alcaldía de Bogotá, para hacer lo que hizo la mayoría de los constructores de Bogotá.

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Como personero delegado en lo administrativo del Distrito combatió a los urbanizadores piratas en 1957, luego fue jefe de Valorización del alcalde Fernando Mazuera Villegas (cuatro veces burgomaestre de la capital) y cuando regresó al sector privado, en 1960, pasó a ser gerente de Mazuera y Cía.

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Mazuera y Gómez se dedicaron a la adquisición de terrenos claves (“lotes de engorde”),  muy bien ubicados del desarrollo futuro de Bogotá, porque el que tiene la información hace el negocio…y el dinero. Tres lustros después se independizó y financiado por Jaime Michelsen Uribe, del Grupo Grancolombiano, emprendió más adquisiciones en la ciudad, sobre todo en sus alrededores y cerros.

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Compró amplios predios del Chicó y levantó a Unicentro y a Multicentro que dieron origen a su fortuna y a su grupo constructor, aliado con la Federación de Cafeteros, también. Entonces, mediados de los 70s, en medio de las intensivas necesidades de financiación, se llegó a hablar de su primera quiebra y hasta de su huída del país, pero Michelsen le abrió su grifo y se tomó parte de su constructora.

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Sin embargo una década después, tras el colapso de “El Águila” logró desatar sus ataduras del Grancolombiano y retomó sus negocios en muchos otros sectores como el hotelero. Tras la crisis del 82 soportó un lustro más hasta que la iliquidez casi lo hace tirar la toalla con créditos bancarios casi al 50% de tasa de interés. Vendió su avión, sus hoteles, y predios en Cali y Medellín.

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Más recientemente, en 2013, afrontó su tercera prueba de fuego cuando Pedro Gómez Barrero resultó implicado en dos negocios, un centro comercial en Villavicencio y un desarrollo inmobiliario en Bogotá, con Marco Antonio Gil Garzón, alias “El Papero”, narcotraficante incluido en la Lista Clinton en 2007.

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Curiosamente “El Papero” y la esposa del general de la Policía, Flavio Buitrago Delgadillo (ex jefe de Seguridad de Álvaro Uribe), con Pedro Gómez y otros, aportaron como socios en la Constructora América, para construir el Centro Comercial Amazonas en Bogotá, pero todos, excepto Gómez, resultaron con medidas de la justicia. “El Papero” fue condenado a seis años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras aceptar su responsabilidad.

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Ahora, en febrero pasado, una serie de denuncias de compradores de condominios afectados por reiterados incumplimientos y quienes exigen la devolución de las arras que pagaron, pusieron al descubierto la iliquidez por la que atraviesa la constructora Pedro Gómez.

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Desde entonces asegura que iliquidez no es liquidación y se defendió culpando al Distrito y a la Alcaldía de Chía de gran parte de los retrasos y problemas de sus proyectos de vivienda “la Felicidad” y “Encenillos de Sindamanoy”.

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La Superintendencia de Sociedades encendió sus alarmas y decidió recientemente, “dada la representatividad de la sociedad Pedro Gómez y Cía S.A., en el sector de la construcción y los diferentes proyectos que desarrolla a nivel nacional”, incluirla en un programa especial de visita general para verificar su situación jurídica, financiera, contable y administrativa.

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En marzo le solicitó a la constructora, en reiteradas ocasiones, la información necesaria para la conclusión del proceso de auditoría, la que no fue suministrada de forma completa por la Administración, por lo cual la Superintendencia no contó con la información necesaria que clarificara el  proceso de auditoría que abstuvo su opinión.

 

Accionistas de Pedro Gómez y Compañía:

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Pedro Gómez Barrero     15,596%

Luis Carmiña Gómez Guzmán      15,986%

María Fernanda Gómez Guzmán 13,875%

Pedro Gómez Guzmán    16,917%

María Teresa Guzmán de Gómez               18,958%

María Gómez Gómez      15,597%

Jurgen Haas Lock             3,141%

 

Pedro Gómez y Cía. S.A., fue constituida el 16 de febrero de 1994 mediante Escritura Pública No.0344 de la Notaría 44 de Bogotá, bajo el nombre de Inversiones Hacienda La Pradera Ltda., y se transformó en sociedad anónima con la razón social Pedro Gómez y Cía. S.A., según consta en la Escritura Pública No. 1480 de la Notaría 44 de Bogotá D.C., del 30 de agosto de 2002.

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El monitoreo desarrollado sobre la constructora fue paulatino, pero frente a las situaciones puestas de presente por la revisora fiscal, la Superintendencia decidió aumentar el nivel de vigilancia sobre la constructora, atendiendo los criterios de necesidad y oportunidad.

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En múltiples ocasiones se requirió a  la compañía la entrega de estados financieros, hasta que lo hizo el 31 de marzo de 2016, pero con escrito de abstención de opinión de la revisora fiscal.

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La revisora fiscal fundamentó su abstención de opinión, en las razones que se resumen a continuación:

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11.1       Deficiencias en el Sistema de Control interno.

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11.2       Ausencia de documentos soporte, falta de conciliación, depuración y ajuste de los saldos de las cuentas de: i) inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos, ii) anticipos recibidos para obra de proyectos, iíi) anticipos recibidos de beneficios o utilidades de proyectos, iv) deudores e v) inventarios.

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11.3       Inconsistencias en la determinación del valor razonable de terrenos para desarrollo de proyectos futuros.

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11.4       Indebida reclasificación de activos disponibles para la venta en Propiedades de Inversión.

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11.5       Falta de soportes para determinar la razonabilidad en el cálculo del impuesto diferido y pasivos por litigios.

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11.6       Dificultades para verificar la situación de liquidez y pasivos vencidos con proveedores que eventualmente afectarla la hipótesis de negocio en marcha.

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Las circunstancias expuestas, especialmente la relacionada con las deficiencias en el sistema de control interno, permitieron identificar una situación crítica de orden administrativo, pues la efectividad de éste es fundamental para la buena marcha de cualquier sociedad comercial u organización en general.

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De otra parte, bien sabía la Superintendencia de Sociedades que el proceso de implementación de NIIF sería complejo para las sociedades, razón por la cual, en ejercicio de sus funciones de supervisión, a través de la Circular Externa 115- 000001 de enero 9 de 2013, requirió a las sociedades auto clasificadas en el Grupo I, para que allegaran, antes del 28 de febrero de 2013, en el formato Excel dispuesto para el efecto, el Plan de Implementación de Normas de Información Financiera - NIF (art. 3 Decreto 2784 de 2012), precisando los responsables de cada etapa y una evaluación del impacto que dicha implementación generaría al interior de la compañía y de cada área en particular.

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La omisión de presentar oportunamente los estados financieros de la sociedad y las múltiples observaciones realizadas por la revisoría fiscal durante el proceso, la cuales presuntamente no fueron debidamente atendidas por los administradores y responsables del proceso, suponen una situación de riesgo y posibles efectos negativos no solo para los accionistas sino también para los intereses de terceros con los que la sociedad mantiene relaciones comerciales.

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Así las cosas, la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus funciones de supervisión, no puede sustraerse de la evaluación, directa, detallada y permanente de la situación de la sociedad, ni privarse de contar con las herramientas legales que eventualmente le permitirán adoptar medidas inmediatas frente a la renuencia de los administradores a subsanar la situación crítica de la compañía en el corto plazo.