El secreto que esconde la Superintendencia de Economía Solidaria en medio del escándalo de las libranzas

Aunque hace poco más de un año Opción Ciudadana, el partido antes llamado PIN, estuvo a punto de quedarse con la Superintendencia de Economía Solidaria en cabeza de José Joaquín Plata, con lo que habría entrado oficialmente a la coalición de Gobierno, el ex magistrado nunca fue nombrado y la entidad quedó en interinidad. Pero ahora, el partido se está tomando esa superintendencia y Juan Manuel Santos le está dando juego burocrático luego de que durante su primer gobierno lo trató como su “tinieblo”.

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Niega acceso a las resoluciones expedidas por la entidad sobre cooperativas y sus administradores. Crea una nueva teoría sobre el acceso ciudadano a la información y la custodia de actos administrativos públicos de un sector que está en el ojo del huracán por el lío de las libranzas. La superintendenta de Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez Dueñas, llegó al cargo apadrinada por la senadora Teresita García Romero, hermana de Álvaro 'El Gordo' García,  condenado a 40 años de prisión por parapolítica. Es cuota del Partido Opción Ciudadana, nuevo nombre del nunca bien recordado PIN, cuyos líderes terminaron en la cárcel por vínculos con los paramilitares.  Todo el círculo amigo de “La Gata” y su hijo Héctor Julio Alfonso López.

Por Héctor Mario Rodríguez

 

El viernes nueve de septiembre acudí a la Superintendencia de Economía Solidaria para solicitar acceso a actuaciones (resoluciones) de la entidad sobre las cooperativas que vienen apareciendo como originadoras en el escándalo de las libranzas, un affaire que promete la desaparición de unos tres billones de pesos de los inversionistas colombianos.

Su sede queda en pleno barrio San Martín de Bogotá (carrera 7ª con Calle 31), en un edificio famoso porque allí tuvo lugar la quiebra de la comisionista de bolsa Compañía de Servicios Bursátiles en 1988 (la de los famosos “Picas” -  Juan Ricardo Escobar Bónitto, Guillermo Uribe Holguín y Julio Acosta Bonilla, y del hijo del pintor que se escapó de esa).

En ese edificio también queda la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que de tener buen “olfato”, hubiera detectado el raro olor que salía de los pisos 11, 15 y 16 en donde despacha la Superintendencia encargada de vigilar 11 mil entidades solidarias (unas ocho mil cooperativas, unos 2.000 fondos de empleados y 250 asociaciones mutuales).

Es un fortín político del Partido Opción Ciudadana, nuevo nombre del nunca bien recordado Partido de Integración Nacional, PIN, cuyos fundadores y líderes fueron a dar a la cárcel por sus vínculos con los paramilitares, unos, y otros, por corrupción (Luis Alberto Gil, Juan Carlos Martínez Sinisterra, Hugo Aguilar, Alirio Villamizar, etc.).

Mariana Gutiérrez Dueñas, la superintendente de Economía Solidaria asumió a partir de viernes 15 de enero de 2016, para llenar un cargo que estuvo en interinidad durante un año completo. Primero estuvo encargada hasta junio del año pasado Dunia Soad de la Vega Jalilie, de Tierralta, Córdoba, exalcaldesa de Fontibón durante la Alcaldía de Jaime Garzón, quien llegó recomendada por el ex ministro Andrés Felipe Arias y en la Upme había sido señalada en medio de una serie de denuncias sobre un oscuro contrato de cambio de sede.

Con ella ocurrió un hecho bien llamativo. Resulta que en noviembre de 2014 se reventó la cooperativa de garaje Coohabitat y siniestró la Cartera Colectiva Afin Factoring que debió ser liquidada con pérdidas millonarias para los inversionistas. La decisión de remover a Dunia Soad de la Vega Jalilie de su encargo surgió después de conocida la llamativa orden que impartió para que por la cooperativa (que sólo intervino en 17 de febrero de 2015) se hiciera peaje a los recursos que deberían ir a pagar a los damnificados del entuerto que Primera Página vaticinó desde entonces como el principio del actual lío de las libranzas.

Pero hubo otro suceso que dibujó en su verdadera magnitud la “papa caliente” que es la SuperSolidaria. El nueve de junio de 2015 fue nombrada como superintendenta encargada, Martha Teresa Durán Trujillo, asesora de la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda, quien “ni por el chiras” aceptó el nombramiento, porque siendo directora del Fogacoop, donde estaba desde el 2009,  sabía lo que ocurría en los pisos 11,15 y 16 del antiguo Edificio Davivienda (hoy uno de los de Bancolombia).

“Por fin llegó el viejo PIN al Gobierno”

Mariana Gutiérrez Dueñas, la superintendente de Economía Solidaria asumió entonces a partir de viernes 15 de enero de 2016, tras la absurda interinidad del ente de control. Y llegó obviamente a convertir la entidad en el fortín que es de “Opción Ciudadana, el partido que ha sido la pista de aterrizaje de políticos cuestionados” (León Valencia da aquí un paseo por su oscuro pasado).

Dunia Soad de la Vega Jalilie, de Tierralta, Córdoba.

Luis Miguel Pico

El enlace con el Gobierno es Luis Miguel Pico Pastrana, asesor del presidente Juan Manuel Santos, encargado de la Dirección para Asuntos Políticos (centro de corrupción sostiene María Elvira Bonilla) del Departamento Administrativo de Presidencia, mano derecha del ex ministro Sergio Díaz-Granados, del departamento del Magdalena, lugar en donde prosperaron las cooperativas de garaje hoy involucradas en el escándalo de las libranzas.

Muy ligados con “Los Ñoños” Bernardo Elías y Musa Besaile, de Córdoba, otro lugar en donde campeaba el miniconglomerado de Roberto José Herrera - Delvis Sugey Medina (cooperativas y operadoras de libranzas) Sigescoop; Coovenal; Coomuncol; Coinvercor; Corposer; Inversiones de Córdoba Invercor D Y M S.A.S., Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S.

Hablando de Córdoba, precisamente en junio pasado la superintendente Mariana nombró a Victoria Amalia Jattin Martínez como secretaria general. Es sobrina del ex congresista Francisco José Jattin Safar y prima hermana de la ex senadora cordobesa investigada por parapolítica Zulema Jattin Corrales. Su hermana Nancy Sofía Jattin, conocida popularmente como “la Chofi”, es la alcaldesa de Lorica en reemplazo del hermano de Zulema, Francisco Jattin Corrales.

Llegó a la Secretaría de la Superintendencia de Economía Solidaria luego de ser entre junio de 2015 y enero de 2016 contratista de la Oficina Jurídica del Fondo de Vigilancia de Bogotá. Antes trabajó en el Fondo Nacional del Ahorro como jefe de la División de Gestión Humana y de la Oficina Jurídica.

Roberto José Herrera
y Delvis Sugey Medina 

Imagen tomada de Terra – Votebien – Elecciones 2010

Las cooperativas del suero

“Los Ñoños” Bernardo Elías y Musa Besaile, de Córdoba, otro lugar en donde campeaba el miniconglomerado de Roberto José Herrera - Delvis Sugey Medina (cooperativas y operadoras de libranzas) Sigescoop; Coovenal; Coomuncol; Coinvercor; Corposer; Inversiones de Córdoba Invercor D Y M S.A.S., Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S.

El poder cordobés de los Jattin

En junio pasado la superintendente Mariana nombró a Victoria Amalia Jattin Martínez como secretaria general. Es sobrina del ex congresista Francisco José Jattin Safar y prima hermana de la ex senadora cordobesa investigada por parapolítica Zulema Jattin Corrales. Su hermana Nancy Sofía Jattin, conocida popularmente como “la Chofi”, es la alcaldesa de Lorica en reemplazo del hermano de Zulema, Francisco Jattin Corrales.

Palacio de Nariño sabe todo

El enlace con el Gobierno es Luis Miguel Pico Pastrana, asesor del presidente Juan Manuel Santos, encargado de la Dirección para Asuntos Políticos (centro de corrupción sostiene María Elvira Bonilla) del Departamento Administrativo de Presidencia, mano derecha del ex ministro Sergio Díaz-Granados, del departamento del Magdalena, lugar en donde prosperaron las cooperativas de garaje hoy involucradas en el escándalo de las libranzas.

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Tal como el aviso lo indica

Victoria Amalia y Nancy Sofía

(El Meridiano de Còrdoba)

“Ajá… las resoluciones son reservadas…”

Al despacho de Victoria Amalia Jattin Martínez llegué el pasado nueve de septiembre después de someterme a un dispendioso proceso en la portería del ex Edificio Davivienda de la cual sólo se puede pasar tras conseguir autorización en el PBX de la SuperSolidaria que enruta llamadas a extensiones que nadie contesta (hay que recordar que son las 3 y 30 p.m. de un viernes).

Cuando por fin conseguí la autorización fui recibido por Mónica (no quiso dar más datos), la secretaria de la secretaria general. Requerí ver físicamente las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria durante 2016. La respuesta inmediata “no se va a poder porque la doctora (Jattin Martínez) no se encuentra y ella es la única que puede autorizar”.

Reiteré mi solicitud haciendo énfasis en el derecho de acceso a  la información que consagra la Constitución (artículo 20 de la C.N. – derecho del ciudadano a recibir información – y artículo 23 de la C.N. que consagra el derecho a “obtener pronta resolución”. Y requerí hablar con otro funcionario.

La secretaria llamó a un doctor “Fernán” (del que no quiso dar más detalles) y lo puso al teléfono. Le conté sobre mi solicitud de acceso a información pública y cortante me dijo que no se podía “porque la doctora no está y ella es la única que puede autorizar”. Le argüí mi derecho legal, me pidió mi identificación y apenas le pedí la identificación de él, se negó aduciendo que “yo sòlo estoy haciendo el favor de contestarle pero no me voy a identificar y páseme a la secretaria… me ordenó”.

El personaje es Fernán Enrique Pérez Fortich, quien según la misma jefa de prensa de la Superintendencia de Economía Solidaria, Luz Janneth Vargas, no trabaja allí y mal pudo contestarme. Él parece firmando muchos actos administrativos de la entidad y despacha en ese recinto.

El archivo de SuperSolidaria que se quiere volver inaccesible.

“Fortich” luego le dijo a Mónica, la secretaria de la Secretaría General, que tomara nota estricta y me contestara:

Mónica responde: “la secretaria general es quien primero que todo custodia el archivo y es la que tiene la facultad de notificador. En este momento ella no se encuentra. Adicional a ello…”

Interpela Héctor Mario Rodríguez: “Es decir, ¿cuándo ella no se encuentra no hay Secretaría General acá, ni hay resoluciones, ni hay archivo?...”

Mónica: “No…bueno obvio que si lo hay pero ella es la que tiene la potestad de hacerlo. Si usted no quiere acogerse al Derecho de Petición que es en los díez días siguientes…”

Héctor Mario Rodríguez:  “No…”

Mónica: “Entonces la otra opción es que yo estoy tomando verbalmente su Derecho de Petición…”

Héctor Mario Rodríguez: “No… yo estoy haciendo una solicitud de que quiero ver unas resoluciones y no me las están dejando ver… es así de claro…”.

Mónica: “Si señor…”

Héctor Mario Rodríguez: “No me voy a atener a los diez días…yo quiero verlas ya…”

Mónica: “En este momento como le comento yo no tengo la autorización pues para dejarlas ver porque hay algunas que tienen reserva y tenemos que revisar ese tema…”

Héctor Mario Rodríguez: “Es que yo no estoy pidiendo ver las que tengan reserva. Yo te dije muy claramente cuáles quiero ver”.

Mónica: “Si Usted me dice quiero ver las que están en la página (Web) publicadas pues si…”.

Héctor Mario Rodríguez: “Pues para eso entro yo a la página…Por algo no la san subido a  la página…porque yo sé cómo se maneja la información acá y qué está pasando con las cooperativas y la Superintendencia…Pero me parece grave que no hayan dejado ver información  que solicité y que el doctor Fernán (¿qué apellido es?) Fortich (dice ella pero ese no es el nombre de él – lo encubre -)…

Mónica: “Entonces él me dice que hay unas leyes y unos artículos donde nosotros digamos tenemos la opción de resolverle su solicitud…”

Héctor Mario Rodríguez: “Cuáles déjales ver, que si es por ley yo me voy a la ley…porque yo voy a poner en conocimiento de las autoridades”

Mónica: “Bueno en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 del 2011 sustituido por el artículo primero de la Ley 1755… pues ahí es donde dice que la secretaria general es la que tiene la custodia”.

Héctor Mario Rodríguez: “¿Ella a qué horas trabaja? ¿Ella trabaja aquí? ¿Cuándo viene?

 

Mónica: “…Se fue hace un momento…bueno yo no tengo la autorización…no tengo la autorización”.

 

Héctor Mario Rodríguez: “Yo sé que todos se están escudando en ti…(la idea mía no es irme contra una secretaria de menor nivel) … pero hice uso  de exigencia de acceso a información que me fue denegada”

Mónica: “Pero no le está siendo denegada pero que…

Héctor Mario Rodríguez: “Si me están diciendo que haga una petición y que me dan una cita… estoy pidiendo ver físicamente resoluciones que no tengan reserva …no estoy pidiendo nada reservado…pero me están alegando que hay una reserva…”

Mónica: “no que hay algunas…”

Héctor Mario Rodríguez: “No…estoy haciendo la claridad absoluta … podemos comenzar viendo las de hace dos meses…digamos…no creo que las alcance a revisar hoy todas …eso es lo que estoy pidiendo …”.

Mónica: “Pues hágalo por escrito…yo tomo los datos y le damos respuesta…”

Héctor Mario Rodríguez: “Yo sé que eres una funcionaria que está tratando de hacer su trabajo lo mejor posible… estás atendiendo a terceros que te están dando órdenes pero no me dieron respuesta satisfactoria y este es el momento en que no he visto ni una resolución”.

Obviamente que la solicitud no fue respondida, ya han pasado dos semanas y en la página Web sólo aparecen resoluciones expedidas hasta julio pasado. Y se pueden consultar cuando la página de la Superintendencia puede verse porque permanece caída.

Es exactamente el mismo capítulo de la historia ocurrida en julio de 1982 cuando Alberto Donadío (Ver adjunto "Banqueros en el banquillo, 1983) entonces en la Unidad Investigativa de El Tiempo, requirió del superintendente bancario de entonces, Francisco Morris Ordóñez, que alegó que las resoluciones que tenían que ser resueltas por lo contencioso administrativo tenían reserva. Obviamente que los tribunales dieron acceso a  la prensa, pero el pleito que busca entablar ahora la Superintendencia de Economía Solidaria trata de tapar su inacción y cómo se dejaron vencer los términos de las investigaciones sobre las cooperativas hoy colapsadas en el lío delas libranzas.

Publicado 12:30 P.M. 21/09/2016

LA SILLA SANTANDEREANA

Política menuda Santanderes 

 

Por fin llegó el viejo PIN al Gobierno

Por LASILLAVACIA.COM · 25 DE MAYO DE 2016

 

Aunque hace poco más de un año Opción Ciudadana, el partido antes llamado PIN, estuvo a punto de quedarse con la Superintendencia de Economía Solidaria en cabeza de José Joaquín Plata, con lo que habría entrado oficialmente a la coalición de Gobierno, el ex magistrado nunca fue nombrado y la entidad quedó en interinidad. Pero ahora, el partido se está tomando esa superintendencia y Juan Manuel Santos le está dando juego burocrático luego de que durante su primer gobierno lo trató como su “tinieblo”.

Primero la cabeza

Según supo La Silla, a pesar de la demora y de que Plata nunca fue nombrado porque de haberlo hecho se habría violado la ley de cuotas, el Gobierno siempre mantuvo la promesa de la superintendencia, que es la encargada de vigilar las más de 11 mil entidades cooperativas que hay en el país, excepto las que sean supervisadas por otras superintendencias, como Saludcoop que es vigilada por la Supersalud.

Ese compromiso lo revivió en agosto del año pasado en plena campaña por las elecciones locales de 2015, según una fuente de adentro de Opción Ciudadana que siguió el proceso de cerca, del Ministerio de Hacienda a ese partido que presentara las hojas de vida. 

Aunque normalmente esa preselección de candidatos estaba en manos de María Lorena Gutiérrez, esta vez lo manejó el Ministerio de Hacienda, del que depende esa Superintendencia encargada. 

En agosto, el viejo PIN presentó tres nombres: el de Mariana Gutiérrez Dueñas, quien según siete fuentes de ese partido estuvo apadrinada por la senadora Teresita García; el de la exveedora del partido Yamile Guerra, quien contó el apoyo de la senadora Doris Vega, esposa del parapolítico Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil, y un tercer nombre que La Silla no pudo conocer.

Aunque las dos hicieron todo el proceso de selección, el pulso lo ganó Gutiérrez, después de un tire y afloje entre las senadoras García y Vega, según le contaron a La Silla las fuentes, y con ello Teresita García se quedó con el único cargo de trascendencia que le han dado a Opción Ciudadana en lo corrido del segundo Gobierno de Santos. 

Sin embargo, una fuente indicó que los senadores Antonio Correa, Mauricio Aguilar y Julio Guerra también apoyaron a Gutiérrez; es decir, cuatro de los cinco senadores del partido la respaldaban.

En cambio, una fuente de Presidencia indicó que su hoja de vida era más fuerte, y esa fuente y otra del Ministerio explican que la hoja de vida de la candidata fue la que más le gustó a Cárdenas, quien no contestó las preguntas de La Silla hasta el momento de publicar esta nota.

Esa es la misma respuesta que le dio a La Silla la senadora García. “Las hojas de vida las entregó el partido, no las di yo. Yo no soy de peleas ni de rencillas ni de mentiras. Fue un proceso de selección de meritocracia. Yo no influí en ningún momento”.

Sea como fuere, quien resultó nombrada en enero después de más de un año de interinidad fue Gutiérrez, quien es una abogada externadista con tiene una carrera en cargos medio-altos en entes independientes del Estado.

Cuenta dentro de su experiencia el haber sido magistrada auxiliar de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura entre 2004 y 2006; Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación cuando Mario Iguarán era Fiscal General (entre 2006 y 2009); Directora de la Oficina Jurídica de la Auditoría General de la República y Directora de la Oficina de Planeación de la misma entidad durante la administración del liberal santandereano Iván Darío Gómez Lee entre 2009 y 2011; y Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República de Sandra Morelli (amiga de Iván Gómez Lee) entre 2011 y 2014.

La Silla Vacía no puedo determinar cuál es su relación con la senadora García aunque sí que se conocen, como se lo reconoció a La Silla la senadora y una persona cercana a ella.

Luego el político

Hasta ahora, el nombramiento de Gutiérrez había pasado desapercibido, dada su falta de trayectoria política. Pero el viernes Presidencia publicó la hoja de vida de una cuota mucho más obvia de Opción Ciudadana para un cargo directivo en la misma Superintendencia.

Se trata del ingeniero industrial Jairo Alexander Duarte Hernández para nombrarlo Superintendente Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa, una de las dos superintendencias delegadas y la que se ocupa de supervisar a las cooperativas sin actividad financiera, como cooperativas de trabajo asociado, mutuales y fondos de empleados.

Ese Delegado es el encargado de asuntos tan delicados como supervisar el sistema de lavado de activos de esas entidades, que según una investigación de la misma Superintendencia y la UIAF son usadas por la guerrilla para lavar plata.

Duarte, sin embargo, no ha trabajado en el sector solidario ni en ninguna superintendencia, y tiene una hoja de vida llamativa porque la mayoría de cargos son de bajo perfil, excepto tres que están relacionados con políticos del partido hoy llamado Opción Ciudadana.

En su natal Santander por ser “el protegido” de la senadora de Opción Ciudadana Doris Vega, quien a su vez es esposa del exsenador y fundador de ese partido condenado por parapolítica, Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil.

La cercanía entre Vega y Duarte Hernández data desde 2004 cuando trabajó como coordinador de planeación de Salud Social IPS, una empresa que tiene sedes en Santander, Urabá, Tolima, Arauca y Valledupar, y en cuya junta directiva está Jorge Gil Castillo, hermano del exsenador y cuñado de la actual congresista.

De ahí incursionó por primera vez en el sector público y en un área en la que no tenía experiencia: fue contralor auxiliar de Santander de Camilo Torres Munar, un periodista que llegó a ese cargo con el apoyo del exgobernador de Santander condenado por parapolítica, Hugo Aguilar (quien fue su vigilado), entre febrero de 2004 y enero de 2008.

Tras salir de esa entidad, Duarte pasó a ser gerente nacional administrativo y de planeación, y representante legal, de la EPS Solsalud, que fundó Gil y que tenía más de un millón de afiliados.

Esa EPS fue sancionada varias veces por la Supersalud durante su administración, en 2011 fue citada a la Fiscalía por supuestas irregularidades en el recobro de servicios al Estado. Y sus resultados no fueron buenos: 3 meses después de salir del cargo fue intervenida por la Supersalud porque estaba colgada en los pagos a las IPS, tenía graves problemas financieros y sus estados financieros no eran fiables, entre otros problemas. Y en mayo de 2013 terminó liquidada por la gravedad de esos problemas, que terminó en una deuda con clínicas y hospitales que sumaba $300 mil millones.

Durante ese período quedó clara su cercanía con Vega, pues, además, hicieron al tiempo una Maestría de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga en la que  presentaron juntos la tesis ‘Solsalud EPS: Ejemplo de emprendimiento del magisterio santandereano’ en 2010.

Después de que el viejo PIN ganó la gobernación de Santander, tras haber apoyado a Richard Aguilar (hijo del ex gobernador Hugo Aguilar y quien fue por varios años otra cabeza del Partido), quien se lanzó por firmas, Duarte regresó al sector público como director del Instituto de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, como cuota de Opción Ciudadana.  

Su paso por ese despacho fue rápido y cuestionado. Solo estuvo un año en el cargo y lo dejó en medio de denuncias sobre presunto acoso laboral e irregularidades en la ejecución de un contrato por $2.055 millones para la logística de la participación de los deportistas del departamento en los Juegos Nacionales de 2012.

La Silla conoció el acta de liquidación de ese contrato, y encontró que fue terminado de manera unilateral por el último director del Indersantander en el periodo de Aguilar, Camilo Rincón (también denunciado por presuntas irregularidades en el contrato para los juegos nacionales de 2015), porque de los $2 mil millones que le pagaron a la Corporación Siglo XXI (la contratista), $868 millones no estaban justificados.

La Corporación que recibió el contrato del Indersantander en 2012, según cuatro fuentes de Opción Ciudadana, también estaría ligada a otro político de ese partido. Se trata del exrepresentante a la Cámara Jorge Gómez Celis, quien en los corrillos políticos del departamento es conocido como uno de los “dueños” del Indersantander. 

Aunque La Silla no logró establecer una relación directa entre Gómez Celis y esa corporación, sí encontró que el excongresista es quien la defiende en el proceso que inició el Indersantander para que le devuelvan los $868 millones.

El paso de Duarte por el Indersantander fue rápido y cuestionado
 

Duarte Hernández actualmente tiene procesos abiertos en la Procuraduría y la Contraloría por el contrato de los Juegos Nacionales.

Luego de estar en el Indersantander, Duarte volvió al sector de la salud y fue contratista de hospitales en Caldas y Cartagena. En 2016, tras la posesión de Didier Tavera como Gobernador de Santander, regresó al departamento y recibió un contrato de prestación de servicios como asesor comercial del Instituto de Desarrollo de Santander, Idesan.

Esa trayectoria no tiene mayor relación con el cargo que va a cumplir pero sí muestra que llega como ficha de Gil y Vega, como le confirmaron a La Silla cinco fuentes de Opción Ciudadana.

Además, otra le explicó a La Silla que Cárdenas aceptó entregarle esa delegada a los congresistas, pero se reservó la otra, que vigila a las entidades financieras cooperativas y tiene una mayor incidencia en el manejo económico, pues estas tienen prestados más de 11 billones de pesos. Por ahora sigue en su cargo el antioqueño León Jaime Henao, quien viene del sector solidario y llegó en 2013.

Así esa delegada siga en manos de alguien que sí viene del sector, el viejo PIN finalmente entró al Gobierno con entidad propia, así sea relativamente pequeña.