OJO PRIVADO
Periodismo investigativo
Las afugias de Estraval, FiduPaís y Colombia Land y el nuevo capítulo del desinfle de las libranzas
Estrategias en Valores S.A., ilíquida, está sometida a control de la Superintendencia de Sociedades. FiduPaís viene desmontando sus carteras, está en venta y un socio dejó tiradas sus acciones. Mientras, algunos clientes se vienen quejando de que les están pidiendo traspasar pagarés libranzas a una empresa en Panamá (Colombia Land) que trabaja con una fiduciaria del istmo (Owens & Watson Trust Corp.) que acaba de ser incluida, para mal, en los informes de los “Panamá Papers”.
"Desde marzo de 2015 la policía administrativa corporativa de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, descubrió que los resultados de los ejercicios (utilidades) de 2012 y 2013 de Estrategias en Valores, fueron sobreestimados y por ende las capitalizaciones realizadas con las utilidades no constaban con un respaldo efectivo, toda vez que no eran reales.".
Coopdesol: ¿cooperativa de fachada?
Ocho meses antes ya se había dado un campanazo de alerta cuando fue intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria la cooperativa Coopdesol, que colocaba créditos entre sus asociados (y no asociados – algo irregular -) y luego cedía la cartera a Estraval y FiduPaís. Se descubrieron graves inconsistencias en su información financiera y contable, y su labor era “apenas instrumental”.
FiduPaís rumbo al colapso
La Fiduciaria del País - Fidupaís S.A. llegó a administrar inversiones en sus fondos de inversión colectiva por más de 80.000 millones de pesos y dijo contar con más de 2.500 clientes. Sin embargo en noviembre la situación se volvió insostenible, y el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Fidupais Libranzas Premium - Renta Más - fue enviado a liquidación, lo mismo que el Renta Superior y los Fondos de Inversión Colectiva Fidupaís Plazos a 180 días y 730 días.
De eso tan bueno no dan tanto
La Cartera Colectiva Libranzas a 730 días en FiduPaís, “un fondo curioso”, con una rentabilidad muy alta, “comparada con otras que veo. Añado que la comisión en la cartera de 730 días es de 3.46%, así que los rendimientos brutos han de ser aprox. 11% + 3.5% = 14.5%”…”Me parece que si 23% de la plata de esta cartera está en Coopdesol, no puede decirse que el riesgo sea "moderado".
El 14 de agosto de 2015 la situación de nerviosismo interno entre los socios del llamado ”Grupo FiduPaís” o “Grupo Estraval” se volvió insostenible. Ese día, durante una Junta Directiva de la Fiduciaria del País - Fidupaís S.A., hubo recriminaciones, renuncias y un “no más” a aguantarse lo que venía sucediendo.
Los accionistas y directivos Fernando Silva García y Juan Carlos Varón Palomino dimitieron de la Junta Directiva, de los comités de inversiones y plantearon constancias sobre delicada situación financiera del miniconglomerado encabezado por César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán.
Silva - abogado externadista y quien fue superintendente delegado para Establecimientos de Crédito y hasta superintendente bancario encargado -, y Varón - abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial y ex jefe de Bancos y Fiduciarias de la Superintendencia Bancaria - habían decidido vender su participación accionaria en FiduPaís desde enero de 2015 (muy ligado al ex ministro de Ernesto Samper, Morris Harf, de la reventada Atlantic Coal).
Ejercieron el derecho de suscripción preferente de compra de las acciones los socios Juan Carlos Bastidas, William Fernando Torres Tópaga, Camilo Alfonso Sampedro Arrubla y César Fernando Mondragón. A la vez Bastidas y Mondragón ejercieron el “derecho de acrecimiento” (es decir, a incrementar su participación, pues quedaba por vender aún un 30% de remanente de las acciones de Silva y Varón).
Sin embargo César Fernando Mondragón Vásquez, ingeniero andino especializado en Finanzas, a la vez presidente de Estrategias en Valores S.A., Estraval, pidió “revisar algunas de las condiciones fijadas para el negocio celebrado”, hubo compás de espera, pasaron los meses y ante la falta de acuerdo para el ejercicio del derecho de preferencia, el seis de agosto se le exigió honrar la palabra (ninguno de los involucrados respondió a las llamadas, ni los e-mails, ni explicó en qué quedó la pelea).
Pero para entonces ya era tarde. La “bomba” en que se había convertido el negocio de las libranzas de Estraval había llegado a un punto de no retorno. Estrategias en Valores, constituida el 16 de agosto de 2000, se dedica a la compra y venta a descuento de pagarés - libranzas, especialmente empleados o pensionadas de entidades del Estado (policías, militares, Inpec, etc.).
Accionistas de Estraval al 30 de julio de 2015:
César Fernando Mondragón 32,94%
Juan Carlos Bastidas Alemán 21,80%
Bastidas PRO L & M S. en C. 17,41%
PRO N. & j. S. en C. 6,27%
Estradinámicas S.A.S. 21,53%
En 2009, con la entrada en operación de FiduPaís, había cerrado el círculo para consolidar un conglomerado especializado en el negocio de libranzas, constituido además por Comercial País, Estraval, Silva & Varón Asociados, Estraliquidez y Técnicas Financieras, Tecfinsa.
BALANCES NO REALES
Casi todos los actores del mercado hablan de un negocio “pulpito”, que por el asalto al que fue sometido por algunas cooperativas y por algunos comisionistas y otros actores del mercado, se derrumbó. Así lo confirman el caso Afín, el reciente de Adcap, ahora el de Estraval, y el que viene de…
Desde marzo de 2015 la policía administrativa corporativa de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, descubrió que los resultados de los ejercicios (utilidades) de 2012 y 2013 de Estrategias en Valores, fueron sobreestimados y por ende las capitalizaciones realizadas con las utilidades no constaban con un respaldo efectivo, toda vez que no eran reales.
Una verificación de la situación contable, jurídica, administrativa y financiera de Estraval descubrió que al 31 de diciembre de 2013, figuraban cuentas por cobrar a accionistas por $2.668 millones y préstamos a sociedades vinculadas con los accionistas por $17.179 millones, sin que se hubiesen causado los intereses generados por dichos préstamos.
Solo lo hicieron para el ejercicio de 2014, después de haber sido requeridos por la comisión visitadora de la SuperSociedades (que entre otras cosas fue a verificar si desarrollaba operaciones de factoring), presentándose como consecuencia que las cifras de los estados financieros a 31 de diciembre de 2013 no eran razonables, toda vez que se subestimaron los ingresos y las cuentas por cobrar en $1.700 millones aproximadamente.
En medio de las irregularidades halladas, la Superintendencia decidió someter a control a la empresa, en la que además no pudo encontrar los documentos que soportaran y acreditaran las daciones en pago que realizarían las sociedades Técnicas Financieras S.A. por $4.812 millones y de Estraliquidez S.A. por $1.946 millones, con las cuales se recaudaría parte de las cuentas por cobrar a los accionistas.
En esencia quedó prohibido a los administradores y empleados de Estraval la constitución de garantías que recaigan sobre los bienes propios de la sociedad y enajenaciones de bienes y operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de Sociedades. Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo dispuesto será ineficaz de pleno derecho, según lo previsto en el inciso 2º. del numeral 4o del artículo 85 de la Ley 222 de 1995.
Ocho meses antes ya se había dado un campanazo de alerta cuando fue intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria la cooperativa Coopdesol, que colocaba créditos entre sus asociados (y no asociados – algo irregular -) y luego cedía la cartera a Estraval y FiduPaís. Se descubrieron graves inconsistencias en su información financiera y contable, y su labor era “apenas instrumental”.
Del total de ingresos operacionales de la cooperativa, los ingresos por servicio de crédito representan el 41 %, mientras que los otros ingresos administrativos son el 51%. A su vez dentro de los ingresos por servicio de crédito sólo el 3% corresponde a intereses por créditos de consumo, en tanto que el 97% de los ingresos de la cooperativa se generan por la comisión en la venta de la cartera.
La conclusión: la cooperativa sólo servía como un mecanismo para canalizar las solicitudes de crédito y desembolso de los mismos, dado que los procesos relacionados con el otorgamiento en cuanto a estudio de solicitudes, aprobación del crédito y la gestión comercial de colocación se realiza a través de terceros: servía apenas como recaudadora de obligaciones que ya se encontraban a favor de personas jurídicas mercantiles como Estrategias En Valores S.A. y FiduPaís S.A. (originadora, estructuradora,…ora…)
Los socios de la Fiduciaria:
Juan Carlos Bastidas Alemán 30,38%
César Fernando Mondragón 30,83%
PRO N & J 0, 000098%
Juan Carlos Varón Palomino 8,225196%
Fernando Silva García 8,309118%
William Fernando Torrez Tópaga 5,121471%
Camilo Alfonso Sampedro Arrubla 5,121471%
José Humberto Serna Gómez 8,778137
Kiya S.A.S. (Eduardo Puyana Bickenbach)
La Fiduciaria del País - Fidupaís S.A. llegó a administrar inversiones en sus fondos de inversión colectiva por más de 80.000 millones de pesos y dijo contar con más de 2.500 clientes. Sin embargo en noviembre la situación se volvió insostenible, y el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Fidupais Libranzas Premium - Renta Más - fue enviado a liquidación, lo mismo que el Renta Superior y los Fondos de Inversión Colectiva Fidupaís Plazos a 180 días y 730 días.
En el foro Rankia Colombia se había llamado la atención, en octubre de 2013, sobre el compartimiento a 730 días, “un fondo curioso”, con una rentabilidad muy alta, “comparada con otras que veo. Añado que la comisión en la cartera de 730 días es de 3.46%, así que los rendimientos brutos han de ser aprox. 11% + 3.5% = 14.5%”…”Me parece que si 23% de la plata de esta cartera está en Coopdesol, no puede decirse que el riesgo sea "moderado".
Un seguidor del foro comentó: “Le escribí al administrador de la cartera, indagando por estos aspectos. Su previo trabajo fue con una comisionista llamada Stanford”.
Además del desmonte progresivo de las carteras colectivas, adelanta un proceder los 19 negocios fiduciarios inmobiliarios (en los que no hay riesgo alto porque el inmueble es el subyacente), es claro que la fiduciaria no rentable y se encuentra en proceso de vender la licencia.
ENTRAMADO EN PANAMÁ
En medio de semejante estado de las cosas, y de que los bancos cerraron el grifo a Estraval, varios inversionistas con “pagaré libranzas” reciben visitas de consultores externos y colocadores de Estrategias y allegadas que advierten que están ilíquidos y que pueden garantizar la inversión con una traspaso a otra sociedad.
Aquí aparece Colombia Land S.A., una compañía que se vende con la promesa de “democratizar” propiedades de tierras en Colombia a través del Dies Plus, un instrumento de inversión que no es otra cosa que un derecho fiduciario inmobiliario. Su sede (al estilo Pacific): Calle 53 y Aquilino de la Guardia en Panamá.
Colombia Land es la dueña de un lote de 1.018.790 metros cuadrados en jurisdicción del municipio de Funza, en Cundinamarca, en el que pueden desarrollarse o un Parque Logístico Industrial, o un Parque Empresarial (Oficinas), hospedaje, comercio especializado y restaurantes, vivienda – con la propuesta plan parcial -, o con el potencial de valorización del vecino Aeropuerto Eldorado 2 (el alterno, que como van las cosas sólo estaría listo en 2021).
Se muestra como un gran polo de desarrollo por la ampliación de las vías de influencia (Tercer Carril entre los municipios de Mosquera y Anapoima o la vía Faca - El Rosal) o por la construcción de un tren ligero que pasará por Madrid, Faca, Mosquera y Fontibón. Se ha atado a la Longitudinal, a cuanto proyecto se anuncia en la región, pero se quedó en sólo un lote y culpable de la iliquidez según Estraval.
Los inversionistas, reciben entonces, la propuesta de traspaso de sus “pagaré libranzas” a Colombia Land, con sede en Panamá y que trabaja con una fiduciaria llamada Owens & Watson Trust Corp. (Owa Trust), una empresa que forma parte del Grupo Internacional Legal y Fiduciario Owens & Watson, con presencia en Panamá, Suramérica, El Caribe, Asia, Estados Unidos y Europa.
Panamá no extraña a Mondragón y Bastidas quienes crearon desde mayo de 2013 a Estraval Panamá S.A., con capital de un millón de dólares, o a Estrategias PRO N & J, S.A., o a World Financial Strategies Corp., o Mortgage International Corporation, S.A. (MIC Panama). Incluso Juan Carlos Bastidas usa la prestanombre Woolsey Enterprises S.A. (de Mossack & Fonseca).
Y Owens & Watson Trust acaba de aparecer en una para nada favorable historia en los “Panamá Papers”. El socio Ramses Owens, descrito como “maestro” en "planificación fiscal" y la "optimización de recursos", trabajó en Mossack & Fonseca y se hizo muy conocido y ganó fama por inscribir empresas fantasma en Niue, una isla del Pacífico Sur.
En un plazo de cuatro años, 6.000 empresas fueron registradas, y algunas resultaron “controladas por sindicatos del crimen de Europa del Este y carteles internacionales de droga, de acuerdo con investigaciones internacionales y reportes de noticias. Los hallazgos llevaron a la imposición de sanciones internacionales en 2001 que obligaron a la isla a cerrar su negocio de registro de corporaciones cinco años después”, cuenta el conocido sitio investigativo “Vice”.
La historia sobre Owens hace referencia al escándalo de lavado denunciado en Estados Unidos de los contrabandistas de diamantes de UBS. Habla incluso de “una pieza estadounidense en la red de Owens & Watson: el banco Helm en Miami (2012)…” pero esa es otra historia…
25/05/216 14:30 p. m.
Cuando trabajó en Mossack Fonseca, Owens se basó en su experiencia sobre las ventajas competitivas de inscribir empresas en Niue, una isla del Pacífico Sur. En 1996, la firma ganó los derechos exclusivos para establecer empresas fantasma allí, y en un plazo de cuatro años, 6.000 de ellas fueron registradas, algunas controladas por sindicatos del crimen de Europa del Este y carteles internacionales de droga, de acuerdo con investigaciones internacionales y reportes de noticias. Los hallazgos llevaron a la imposición de sanciones internacionales en 2001 que obligaron a la isla a cerrar su negocio de registro de corporaciones cinco años después.
