Jorge Arturo Moreno Ojeda protagonizó en 1997 la quiebra de la Caja Popular Cooperativa (colapso por $35 mil millones)

Jorge Arturo Moreno Ojeda, abogado bogotano egresado de la Universidad la Gran Colombia, llegó a la Caja Popular Cooperativa el nueve de julio de 1987 cuando asumió como su agente liquidador después de que fue intervenida por las autoridades. Desde que asumió emprendió una labor tal que llevó al ente solidario a convertirse en el segundo más importante del país en 1992. Su sombra benefactora fue el presidente Ernesto Samper Pizano, su compadre. Cuando entrpó, de nuevbo, en liquidación la caja, fue nombrado agente liquidador un ex compañero de estudios de la primera dama Jacquin Strouss de Samper.

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El llamado "Zar de la Seguridad Privada" huye de la justicia (la Fiscalía pidió Circular Roja de Interpol) tras ser acusado de los delitos de fraude procesal y prácticas restrictivas de la competencia al ganar ilegalmente la adjudicación de licitaciones con el Estado. El cuatro de febrero de 2005 fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de captación masiva y habitual, falsedad en documento privado y abuso de confianza por la juez 30 Penal del Circuito de Bogotá en la quiebra en 1997 de la segunda empresa solidaria más grande del país. Recurrida la decisión, el proceso subió al Tribunal Superior de Bogotá, corporación que el 21 de febrero de 2007 declaró la prescripción de la acción penal y la cesación de procedimiento.

La vaca lechera 

Jorge Arturo Moreno Ojeda, quien presidió desde 1987 hasta agosto de 1997 a la Caja Popular Cooperativa, intervenida por sus multimillonarias pérdidas, fue el artífice del surgimiento y caída de la segunda empresa solidaria más grande del país. La Unidad Investigativa de "Cromos" descorre el velo.

Por Héctor Mario Rodríguez

Cromos - Noviembre 24 de 1997

En el sexto piso del llamativo edificio de la Caja Popular Cooperativa, situado en la calle 100 con carrera 15 de Bogotá, se reunieron el pasado jueves 21 de agosto, en sesión extraordinaria, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la entidad. El  abogado Alfonso Clavijo Ardila, presidente del Consejo de Administración, fue el primero en tomar la palabra. Su semblante no podía estar más desencajado y sus palabras denotaban mucha molestia:

"Sin ánimo de ofender a nadie, considero que el Consejo de Administración ha sido engañado en la información que ha recibido porque nosotros llevamos mucho tiempo en el Consejo, recibiendo informes muy positivos, balances con utilidades, resultados y proyecciones y presupuestos muy optimistas. Y hoy me entero de la gravedad de la situación.

"Nosotros sabíamos de un hueco de determinada cifra, al día siguiente era más grande, más grande, y llegó a una cifra que la verdad es aterradora. Yo espero que el día de hoy el Consejo reciba la información del balance tal y como es, porque me parece que

es grave, que la Junta Directiva 110 sepa lo que a la entidad le está ocurriendo... Si nosotros llevamos tres años presentando balances falsos, mentirosos y de poca realidad, yo me siento realmente engañado... yo quiero dejar constancia que a nosotros, no se nos había Informado la realidad de la Caja Popular Cooperativa".

La situación no podía ser menos que escandalosa. Mientras la Caja había presentado pérdidas por unos 1.900 millones de pesos al finalizar 1996, en junio del 97 se había detectado un déficit superior a los 39.000 millones de pesos. Con el correr de los días la cifra crecería a 47.000 millones y al cierre de septiembre ya había sobrepasado los $1.000 millones de pesos.

Ante semejante desbarajuste el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, decidió intervenirla el pasado 19 de noviembre “por la situación de persistente iliquidez que le impedía maniobrar "con la destreza y diligencia que se requieren". Era ni más ni menos que la historia de un descalabro anunciado. Desde un año atrás la Caja Popular Cooperativa venía afrontando continuos problemas para poder atender sus obligaciones financieras.

Pero aunque se han dado múltiples explicaciones para sustentar su crisis -que el Gobierno sacó millonarias sumas que depositó en la Caja, que el entorno financiero está muy complicado, que la situación de otras cooperativas afectó a una de las más grandes, etcétera- la Unidad Investigativa de Cromos descubrió que la cosa es mucho más grave de los que ha querido mostrar a la opinión pública.

Jorge Arturo Moreno Ojeda, quien presidió a la Caja entre julio de 1987 y el 3 de agosto de 1997, quiso convertirse en el "cacao1" del sector cooperativo y víctima de malas inversiones y de maniobras que le permitieron desviar recursos de los ahorradores para su bolsillo y los de su familia y allegados, llevó al establecimiento solidario al borde del precipicio.

Esta semana deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de abuso de confianza y falsedad, y ante Dancoop por los manejos irregulares que le dio a las arcas de la entidad, según denuncia elevada por la misma Caja Popular Cooperativa el pasado 31 de octubre.

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La investigación preliminar que dio origen al pliego de cargos por prácticas restrictivas de la competencia contra las empresas del "Zar de la Seguridad Privada" se inició en el año 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), según la cual varias empresas que se presentaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública.

DOS INTERVENCIONES

 

La Caja Popular Cooperativa nació en Boyacá hace 48 años. Hasta comienzos de los años 80 tuvo importante participación accionaria de la Arquidiócesis de Tunja. Sin embargo, en 1981 fue intervenida por el Gobierno debido a malos manejos y pérdidas superiores a los 800 millones de pesos. Por esos días Colombia estaba en la antesala de la crisis financiera.         

El 9 de julio de 1987 asumió como su agente liquidador Jorge Arturo Moreno Ojeda, un abogado bogotano egresado de la Universidad la Gran Colombia, ampliamente recomendado por José Galat Noumer rector del claustro en donde se profesionalizó,  por José Miguel Vargas Pinillo, gerente general de Financiacoop y por Augusto tozada Isaza, abogado independiente.

Antonio José Solano, presidente de "papel" en lo Caja entre 1996 y 1997; Jorge Moreno 0jeda, presidente entre 1987 y 1997; Alfonso Clavijo Ardila, presidente del Consejo de Administración de la Caja Popular.

Contaba con un Curso Internacional de Derecho Constitucional y otro en periodismo y comunicación en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Pero lo que realmente llamaba la atención es que llegaba a la Caja después de haberse desempeñado como contralor general del Banco de los Trabajadores, una entidad que perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, y que había sido intervenido por malos manejos.

Su primera experiencia laboral la había tenido en 1974 como auxiliar de la Price Waterhouse, luego había administrado centros recreacionales de Prosocial y después había sido gerente administrativo de empresas como Safe Royal Company y Electrohornos, la Cooperativa Impulsar y presidente de la Fundación Fuerza Laboral.

Cuando asumió en la Caja Popular se propuso sacarla adelante en lugar de liquidarla. Y desde julio de 1987 emprendió una labor tal que llevó al ente solidario a convertirse en el segundo más importante del país. Pero su verdadero crecimiento se dio durante los últimos cuatro años cuando la convirtió en un holding financiero con corporación financiera, puesto de bolsa, compañía de leasing, fundación, talleres gráficos, almacenes agrícolas y de electrodomésticos, constructora, club campestre con campo de golf y hasta un equipo de fútbol.

En 1992 realizó una separación contable y administrativa de dos de sus dependencias, el Fondo de Provisión Agrícola y el Proyecto Colombo Alemán, los que convirtió en Almacenes de Provisión Agrícola y Electrodomésticos y en la Fundación Unidad de Asistencia Técnica, Fundat. En 1993 creó Editorial Talleres Gráficos y en el 95 la Constructora Caja Popular Cooperativa, Construcaja.

Pero fue entre 1994 y 1995 cuando decidió lanzarse a cosas más atrevidas. Compró la Corporación Financiera de Desarrollo, Corfidesarrolio, fiduciaria, luego el puesto de Bolsa Corredora Bursátil, se asoció con Seguros Fénix en Leasing Fénix, entró a financiar computadores a gran escala y adquirió un ostentoso edificio de seis pisos en plena calle 100 del norte bogotano.

DE UN BOLSILLO A OTRO

 

Pero nada de eso era gratuito. Aunque pudo haber en principio un anhelo de buenos negocios, todos se fueron convirtiendo, con el paso de los días, en pésimas inversiones. Sólo en Corfidesrroollo la Caja Popular perdió unos 7.000 millones de pesos entre su compra y posterior venta a Uconal. Luego in cursionó en la adquisición del equipo de fútbol Lanceros de Boyacá, de la Segunda División del fútbol colombiano, que tampoco dio los frutos esperados.

Pero esas perlas son apenas cosas nimias dentro de lo que venía sucediendo al interior de otros negocios de la Caja. La creación de todas las empresas filiales o anexas a la Caja se había convertido desde 1995 en una forma fácil para proporcionarles negocios personales al gerente de la Caja, a sus hermanos, a su esposa, sus cuñados y otros funcionarios allegados.

Empresas privadas de familiares de Moreno Ojeda adquirían predios en Zipaquirá y Tunja que después serían comprados por la Caja Popular Cooperativa o por la constructora Construcaja. Para la muestra este botón: el 23 de febrero de 1995, como consta en la Notaría Segunda de Zipaquirá, Construcciones Granvivir Limitada compró un lote de cerca de 18 mil metros cuadrados a Clodomiro Poveda Rincón por 350 millones de pesos. La empresa resultó ser de familiares de Jorge Arturo Moreno Ojeda. Luego de algunos otros traspasos entre compañías allegadas, finalmente Construcaja, de la Caja Popular, recibió el lote por 600 millones de pesos en agosto 18 de 1995.

Sin embargo, en octubre de 1995 comenzaron a pasar cosas mucho peores. Por idea de Jorge Arturo Moreno Ojeda se decidió construir una cancha de golf en el proyecto denominado Sochagota Golf Club en predios ubicados entre Paipa y Duitama. Para ello se tramitaron 2.000 millones de pesos en un crédito de la Caja Popular (léase plata de los ahorradores) y, manos a la obra. Los socios eran la misma Caja; Construcaja, su filial; los Almacenes de Provisión Agrícola, cuyo gerente era César Mejía Cárdenas, cuñado de Moreno Ojeda; Proarko "empresa al parecer de propiedad de la familia Moreno Ojeda" -según denuncia de la Junta de Vigilancia de la Caja-); y Mundo Nuevo Ltda., gerenciada por Luis Rubén Moreno Ojeda, hermano del presidente de la Caja.

En octubre 27 de 1995 se decidió otorgar tres contratos de asesoría para realizar los estudios técnicos de promoción, legalidad y proyección financiera del club. Fueron concedidos a Proyectos Urbanos y Arquitectónicos Prooarko Ltda., a Néstor Humberto Romero Aguilar (quien cuidaba "los potreros comprados para el desarrollo del proyecto" -según denuncia de la Junta de Vigilancia-) y a Jorge Arturo Moreno Ojeda, presidente de la Caja Popular. Los dos primeros por 250 millones de pesos cada uno y el último por 230 millones de pesos. Como anticipo fue girado el 100 por cien to del valor de cada contrato.

El 13 de junio de 1997 se decidió la disolución y liquidación de la sociedad ante la imposibilidad de cumplir su objeto social y la pérdida de más del 50 por ciento del capital (exactamente $1.160 millones -más o menos lo que se llevó el equipo Moreno Ojeda según denuncia que reposa ante la Fiscalía). Los terrenos del que sería el club campestre fueron entregados a la Caja Copular Cooperativa en dación de pago por valor cercano a los 3.000 millones de pesos.

En la cadena de la felicidad del Golf Club, aparecen recibiendo millonarias sumas y manejando operaciones, Erihen Young Valcárcel, conductor y empleado de la Caja quien pasó a ser representante legal del proyecto Universidad Santiago de Tunja que adelantaba Moreno Ojeda; Jesús Guerrero, casado con una hermana de Moreno Ojeda; Mireya Chavarría, revisora del Sochagota y empleada de la Caja; el arquitecto Ernesto Alfonso Prada Silva casado con Aurora Moreno Ojeda; Clara Arciniegas Martínez, esposa de Luis Rubén Moreno Ojeda; por citar algunos.

Existen 299 documentos en poder de Cromos que sustentan todas estas operaciones: millonarias cuentas de cobro del expresidente de la Caja, señor Moreno Ojeda: cuantiosos contratos con firmas de la familia; créditos de la Caja a empresas filiales en bancarrota; órdenes de sobregjro a favor de familiares y sus empresas; retiros millonarios de cuentas del proyecto por parte de familiares de Moreno.

El PRINCIPIO DEL FIN

Pero otro asunto grave tiene que ver con el descubrimiento de un disquete en donde reposan Instrucciones precisas (ver facsímil adjunto) de la abogada Mana Ximena Franco Ramírez, a Gloria Amparo Cuéllar, esposa de Jorge Arturo Moreno 0jeda, con el fin de adicionar actas y cartas para reparar vacíos hallados por una visita sorpresiva que efectuó la Superintendencia de Sociedades a la Promotora Sochagota en marzo pasado. También existen actas en donde el presidente de la Caja es autorizado para otorgar créditos a las empresas de su familia.

El 16 de abril de 1996 Jorge Arturo Moreno Ojeda decidió solicitar una comisión remunerada para irse a gerenciar la Corporación Financiera de Desarrollo. En su reemplazo, en el papel, quedó Antonio José Solano, vicepresidente administrativo. Sin embargo, existen testimonios de los coadministradores y funcionarios de la Caja, en los que consta que Moreno continuó al frente da la Caja Popular Cooperativa.  Es más, Siguió cobrando sueldo en las dos entidades.

En marzo de 1997 retornó oficialmente a la Caja, pero desde octubre de 1996 debió soportar una angustiosa situación económica. En Corfidesarrollo debieron castigarse millonarias operaciones, mientras la Caja Popular comenzaba a mostrar serios síntomas de iliquidez. Decidió entonces colocar recursos por tesorería en entidades que no mostraban la suficiente solidez financiera (Avancemos, Coandina y Coacrédito), Sin análisis de riesgo, y más de diez mil millones quedaron enredados en transacciones pésimas.     

 En diciembre pasado, cuando el balance necesitaba mayor maquillaje acudió a mesas de dinero con el fin de conseguir recursos frescos para atender los vencimientos de fin de año. Los pagos de comisiones resultaron ser exorbitantes y la rentabilidad de las operaciones volvió a golpear a la Caja más adelante. En febrero se inició una investigación interna por transacciones con la mesa de dinero de Carlos Fernando Aguilar, de Plus Valores.

En diálogo con Cromos Aguilar negó que hubiera realizado operaciones de triangulación o colocación de recursos del Inurbe en la Caja, aunque existen documentos internos de la cooperativa en donde consta la insatisfacción por las operaciones que se hicieron de lado y lado entonces.

La revisoría fiscal fustigó, además, la "compra de inversiones en entidades no ligadas al objeto social de la cooperativa, como es el caos de la Corporación Financiera de Desarrollo y el equipo de fútbol denominado Lanceros Boyacá, inversiones que generaron endeudamientos millonarios y recursos que hubiesen podido ser colocados en préstamos a los asociados".

Precisamente sobre el papel de la revisoría fiscal entrarán a investigar las autoridades. Los representantes de la firma AudioUconal que realizaron esa labor engañaron "a la asamblea de delegados, al Consejo de Administración y al Dancoop" según consta en las indagaciones que adelanta la Fiscalía. El Consejo de Administración y los principales ejecutivos de la Caja durante los últimos años entrarán también bajo la lupa de las autoridades. Igual ocurrirá con sus dos últimos presidentes que tuvieron un paso efímero por allí.

LO QUE VIENE 

 

En medio de ese panorama tan desolador, con un endeudamiento que sobrepasó los límites autorizados, la iliquidez casi que total, la concentración millonaria de créditos, los registros contables falsos y la angustia financiera que produce un "roto" de más de 50 mil millones de pesos, la Caja Popular está al borde del precipicio.

Tras su intervención el pasado 19 de noviembre fue nombrado como agente especial del Dancoop, Carlos Alfonso Valderrama Ochoa, representante legal de la firma de consultoría CAV Asociados. En la revisoría fiscal están ahora Asesores Gerenciales Asociados Ltda., miembros de Horwath International.

Valderrama, es economista industrial de Los Andes, nacido en Palmira, Valle, compañero de estudios de la primera dama Jacquin Strouss de Samper, trabajó con Fedesarrollo, Arthur D. Little, la Federación de Cafeteros, fue gerente del Fondo Ganadero del Valle y gerente del proyecto Winrock International de la AID.

Además fue el socio colombiano de Telepizza, hoy conocido como La Receta.

Él considera que la Caja Popular saldrá adelante y no será liquidada. Espera la ayuda del Gobierno (Banco de la República, IFI, etc., para conseguir los recursos que le den supervivencia a esa empresa solidaria. Sin embargo, las investigaciones apenas comienzan y de lo que suceda por estos días dependerá el futuro de la entidad.

El nuevo revisor fiscal, Jorge Castelblanco, reprodujo a Cromos una frase que escuchó del presidente del Consejo de Administración, Alfonso Clavijo Ardila: "nos pasaron los elefantes por encima de la mesa y no los vimos". Lo que muestra todavía lo que falta por saberse de la Caja.

Por ahora Jorge Arturo Moreno Ojeda no ha evitado ponerle la cara a semejante lío. Niega que salió de allí con una indemnización superior a los 600 millones de pesos. Achaca todas las acusaciones a chismes "que son más agresivos que el cáncer" según sus mismas palabras. De Sochagota asegura que iba a dar utilidades superiores a los 6.000 millones de pesos, de que en la Caja se hacían favores políticos, exige una pronta investigación (por su cercanía con el presidente Samper). "Aquí nadie se lucró, aquí nadie se benefició", concluye.

 

Pero como colofón de esta historia, lo cierto es que las autoridades llegaron tarde a apagar el incendio. Desde hace más de un año se sabía cómo andaba la Caja, y aunque la Procuraduría y Dancoop recibieron denuncias de la Junta de Vigilancia sobre la inminencia del colapso, hasta ahora actuaron. Otra investigación que está por adelantarse sobre el papel de la autoridad cooperativa.

 

Con la colaboración de Alfonso López Suárez.

Publicado en OJOPRIVADO 06/09/2016 11:15 A.M.

(Publicado en Cromos 24/11/1997)